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Rafecas, un juez atormentado por su propia causa

No fue necesaria la denuncia del vicepresidente Amado Boudou, para que el juez federal Daniel Rafecas comprendiera que su controvertida actuación en una causa conocida como Operación Viñas Blancas podría significar el fin de su carrera judicial de la peor manera posible.
Rafecas lo supo desde siempre

Walter Goobar
Para Tiempo Argentino
No fue necesaria la denuncia del vicepresidente Amado Boudou, para que el juez federal Daniel Rafecas comprendiera que su controvertida actuación en una causa conocida como Operación Viñas Blancas podría significar el fin de su carrera judicial de la peor manera posible.
Rafecas lo supo desde siempre. El magistrado que cultivó un perfil de hombre serio y consustanciado con la defensa de los Derechos Humanos, y que instruyó causas emblemáticas como la de los crímenes de lesa humanidad en el Primer Cuerpo del Ejército, o el espionaje realizado por organismos de inteligencia de la Armada, vivía atormentado y perseguido por el irregular manejo que él mismo hizo de uno de los casos más resonantes de narcotráfico y lavado de dinero descubiertos en la Argentina.
A mediados de 2006, Rafecas apareció en el centro de un escándalo mayúsculo por haber concedido una prisión domiciliaria a Dragoslav Ilic, un millonario narco serbio, que terminó organizando un fastuoso casamiento en el hotel Four Seasons con más de 200 invitados. Hizo falta que la DEA (Agencia antinarcóticos estadounidense) denunciara los beneficios que gozaban Dragoslav Illic y Dejan Trsic, para que el juez revocara la prisión domiciliaria de uno de los procesados que vivía como un rey.

Con la misma generosa chequera con la que contrataron el champán y el caviar para la fastuosa boda realizada –con la bendición del juez Rafecas–, en el hotel cinco estrellas, los dos millonarios serbios acusados de liderar una red para exportar cocaína en botellas de vino, compraron voluntades, torcieron fallos y alimentaron una guerra de acusaciones cruzadas sobre presuntos sobornos a funcionarios judiciales y sobre la apropiación de bienes de imputados que nunca fue debidamente esclarecida.
Los detalles de la Operación Viñas Blancas son dignos de una película de suspenso. El operativo se inició el 22 de julio de 2003 cuando se abortó un intento de contrabandear cocaína a Europa en botellas de vino, aprovechando el crecimiento de las exportaciones de esa bebida. Con el secuestro de 200 kilos de cocaína en una envasadora de vinos de Munro, la Policía Federal dio el primer paso para desarticular una poderosa banda de narcotraficantes y lavadores de dinero. Pero la historia recién comenzaba.
El comercio de Munro era una “pantalla” donde se diluía la droga en botellas para ser embarcada luego a Europa para su comercialización. También se clausuró un boliche del barrio de Palermo que era utilizado por la organización para blanquear el dinero obtenido por el tráfico de drogas. En los operativos fueron detenidas 14 personas de nacionalidades argentina, británica, italiana y serbia, además de dos yugoslavos considerados los jefes de la organización.
Los yugoslavos se ocupaban del lavado a través de un restaurante y dos joyerías, una de ellas alquilada en el salón del Hotel Alvear. Según los investigadores, en los locales se “recibían importantes sumas de dinero en libras esterlinas que eran ingresadas por ciudadanos holandeses a través de ‘valijeros’”.
La fiesta de casamiento de Dragoslav Illic en el hotel Four Seasons, en la que contrajo enlace con una mujer venezolana, fue tan fastuosa que la animación estuvo a cargo de una famosa cantante de la ex Yugoslavia, esposa del comandante Arkan, ex jefe de la milicia paramilitar serbia, acusado de graves crímenes contra bosnios y croatas. Al difundirse la noticia del festejo, Rafecas argumentó que solamente había concedido el permiso para una ceremonia íntima y revocó el arresto domiciliario. Sin embargo, la boda fue la cereza del postre de una serie de varios dudosos permisos concedidos por Rafecas. El magistrado autorizó que el otro serbio, Dejan Trisc, fuera operado de la cadera fuera del sistema penal. La decisión del juez estuvo fundada en una evaluación médica.
Tras dos años de detención en la sede de la Gendarmería, el juez autorizó a finales de diciembre de 2005, el traslado de Dragoslav Illic a un lujoso departamento de Puerto Madero junto a su compatriota Dejan Trisc. Rafecas argumentaba “que allí tenía gimnasio, pileta y servicios kinesiológicos”. Hasta para un lego, los argumentos resultan insólitos: Dragoslav Illic conocía mejor el idioma que su compañero y podía beneficiarlo en su rehabilitación al tener mejor diálogo con los médicos, o que para el Estado era más económico porque no implicaba asignación de recursos humanos y porque facilitaba la socialización del detenido.
Aquí no terminan las irregularidades: además de acusados, los presuntos narcos se convirtieron en acusadores: denunciaron el robo del contenido de la caja fuerte de Dragoslav Illic y Dejan Trsic. Los dos millonarios serbios denunciaron que de esa caja que les fue secuestrada por orden judicial desaparecieron carísimos relojes, una cruz de oro y dinero por un total de unos 250 mil dólares, además de toda la documentación sobre los negocios y los movimientos de dinero que se les cuestionaban.
Otro dato llamativo que consta en el expediente es que el fiscal federal Jorge Di Lello solicitó al menos una decena de medidas de prueba complementarias que fueron denegadas por el juez Rafecas. Entre otros pedidos denegados estaba la realización de un peritaje contable para acreditar el lavado de dinero.
En una primera etapa, los presuntos narcos contrataron los servicios de los abogados Carlos M. Anzorreguy y Ezequiel Iribarren, cuyos apellidos siempre están ligados a la defensa de poderosos en aprietos. Más tarde,contrataron a José Manuel Ubeira, un especialista en embarrar la cancha que logró la absolución del ex comisario Juan José Ribelli en la causa AMIA. Durante sus años en prisión, Ribelli estudió Derecho y más tarde se convirtió en socio de su defensor Ubeira.
La clásica operación para embarrar la cancha en favor de los serbios toma estado público el 10 de mayo de 2006, cuando Ubeira, el defensor de los serbios, denuncia al juez Daniel Rafecas ante su colega Guillermo Montenegro por “violación del secreto de sumario”. Ubeira presentó como prueba del presunto delito los correos electrónicos que Rafecas intercambió con el periodista Daniel Santoro, del diario Clarín. A comienzos de marzo, Santoro se había carteado con el juez antes de revelar que los dos narcos gozaban de un escandaloso régimen de prisión domiciliaria en un fastuoso departamento de Puerto Madero y habían celebrado una fiesta de casamiento en el Hotel Four Seasons.
La cuestionada investigación del operativo “Viñas Blancas” desató otro escándalo cuando el fiscal adjunto de la causa, Jorge Álvarez Berlanda, cambió sorpresivamente los cargos de narcotráfico a Dragoslav Illic y Dejan Trisc por un pedido de “falta de mérito”, que dejaba a los sospechosos más cerca de su liberación.
La jueza María Romilda Servini de Cubría y los integrantes de la Sala II de la Cámara Federal porteña sospecharon de la “inusitada posición” del fiscal adjunto, y a mediados de 2005 remitieron el expediente a la Procuración General de la Nación para que se investigara si el fiscal había cometido algún delito.
Servini de Cubría fue la primera jueza que investigó el caso, pero en el escrito en el que pedía apartarse de la causa, la magistrada señalaba que “existía la sospecha de que alguien había influido sobre el fiscal adjunto, Jorge Álvarez Berlanda, por cuanto habría recibido presión externa, a la vez que siendo un hombre de humildes recursos económicos había emprendido un costoso viaje por Europa”.
La jueza Servini remarcó que el fiscal que tenía dificultades de pago de los saldos de su tarjeta de crédito llevó a toda su familia a Europa por 45 días.
Álvarez Berlanda admitió haber realizado el llamativo viaje y aseguró que sus vacaciones en Europa “estaban planificadas desde mucho antes de su curioso dictamen. Tras revelarse que Álvarez Berlanda había solicitado un préstamo de 20 mil dólares a un banquero imputado en otra causa, el fiscal presentó la renuncia para evitar el juicio político y ahora se dedica a la actividad privada.
Tiempo Argentino
22-04-2012

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