La justicia reabre el caso Saiehh

El Grupo de tareas que secuestraba banqueros

Presionaba a bancos y empresas y funcionaba en la División Bancos de la Federal. Denuncian que un alto jefe policial en actividad fue integrante de esa patota.

Walter Goobar
Puede haber algo más perverso y siniestro para un banquero que haber sido torturado, durante la dictadura, en dependencias del añoso Banco Nación? Sí. Puede haber algo más siniestro y escalofriante: que sus victimarios civiles y policiales aún gocen de impunidad y –hasta hace poco– hayan ocupado altos cargos en la cúpula de la Policía Federal.
El arquitecto y banquero Eduardo Saiegh, dueño del Banco Latinoamericano (BLA), fue secuestrado el 31 de octubre de 1980. El objetivo del secuestro era expulsarlo del sistema financiero por ser un banquero judío, y al mismo tiempo aprovechar para apropiarse ilegalmente de su banco y poder consumar la estatización de Austral Líneas Aéreas. En esencia, todo respondía a un plan común, que fue urdido entre el Ministerio de Economía, con el entonces ministro José Alfredo Martínez de Hoz; el ministro del Interior, Albano Harguindeguy, y el Banco Central a través de su vicepresidente, Alejandro Reynal, primo hermano de William Reynal, principal accionista de Austral Líneas Aéreas, que estaba endeudado con el BLA.
Saiegh fue secuestrado por una comisión policial paramilitar y durante siete días fue salvajemente torturado para que confesara delitos inexistentes en el BLA, del cual era propietario. El secuestro tenía como finalidad apoderarse del banco y hacer desaparecer del tesoro las acciones de Makin S.A., controlante de Austral Líneas Aéreas y los comprobantes de su deuda por más de 7 millones de dólares, que las autoridades del Central necesitaban para poder transferirle al Estado Nacional las acciones y el pasivo de la empresa y poder estatizar la misma por medio de un decreto tramitado en 48 horas por nota de los accionistas a Martínez de Hoz.
Para conseguir las acciones que estaban en la caja de seguridad del BLA se falsificó en el Banco Central de la República Argentina (Bcra) una denuncia anónima contra Saiegh.
El banquero fue torturado en la División Bancos de la Policía Federal Argentina, que está en Bartolomé Mitre y 25 de Mayo. Hoy Saiegh asegura que aún puede identificar y reconocer las celdas en las que estuvo secuestrado. Y señaló como responsables directos de los tormentos al “comisario Ángel Iannbelli, que era el jefe de la División Bancos de la Policía Federal” y al comisario Héctor Cereda y sus subordinados cuyos nombres y apodos desconoce.
El grupo de tareas que se encargaba de presionar a los bancos y empresas funcionaba en la División Bancos de la Policía Federal, que tenía su sede central en el Banco Nación. Era un grupo de tareas especializado y utilizado sobre el final de 1980 para este tipo de prácticas ilegales. Iannibelli y Cereda ya fallecieron, pero por lo menos dos miembros de la patota que comandaban escalaron posiciones y hasta hace dos años ocuparon puestos clave en la cúpula de la Federal.
A través de los legajos policiales, Miradas al Sur accedió a la nómina de integrantes del grupo de tareas que torturaba en dependencias del Banco Nación. El resultado es escalofriante: allí figuran los nombres de dos altos jefes policiales. El comisario general Jorge Oriolo, que se desempeñó como subjefe de la Federal hasta diciembre de 2010, cuando se descabezó a la Federal por su responsabilidad en la brutal represión de la toma del Parque Indoamericano. La misma suerte corrió el comisario mayor Sebastián Seggio, hoy jefe de Planificación y Desarrollo de la Federal, conocido también como conductor de un programa de TV que se emite por Canal 9. Uno de los datos que podrían comprometer al mediático Seggio y al hermético Oriolo en el secuestro de Saiegh es que en sus legajos figura que el 21 de noviembre de 1980 recibieron un premio del Banco Tornquist, a escasos veinte dias del secuestro de Saiegh.
En teoría, en 2004, los expedientes de la Policía Federal fueron depurados para expulsar de las filas a los violadores de derechos humanos, pero evidentemente quienes realizaron esa tarea no asociaron el premio del BancoTornquist con el secuestro de Saiegh.

Botín de guerra. El 7 de noviembre de 1980, por una situación fortuita, Saiegh pudo negociar con sus secuestradores y se salvó de la muerte. Antes de su secuestro, estaba en negociaciones para vender su banco al Crédit Lyonnais. Pero, durante su cautiverio, la entidad francesa fue “reorientada” para comprar el Tornquist, propiedad de Francisco Capozzolo, amigo del entonces ministro del Interior Albano Harguindeguy.
Fue una operación de pinzas en la que secuestraron a Saiegh, luego lo dejaron sin comprador desviando a los inversores franceses para salvar a Capozzolo. Los captores y torturadores de Saiegh integraban la División Bancos de la Policía Federal y perpetraron decenas de secuestros de banqueros y empresarios con idénticos móviles y modus operandi.
Uno de esos casos es el de Jorge Fernando Grande, vinculado a una cooperativa de crédito. Grande denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que “fue detenido (por la misma División Bancos de la Policía Federal Argentina) el 29 de julio de 1980, privado de su libertad durante dos semanas en condiciones brutales y sujeto a un prolongado procesamiento basado en pruebas obtenidas ilegalmente”, y que “en esas dos semanas fue torturado brutalmente, que lo mantuvieron incomunicado durante cinco días en el Departamento Central de la Policía Federal en Buenos Aires, y que fue interrogado en el Banco de la Nación y amenazado de muerte para que diera a conocer el paradero de fondos de los que nada sabía”. El caso resulta un calco del de Saiegh.
Las Fuerzas Armadas habían adherido a la doctrina del “botín de guerra”, confiscando sin miramientos todo aquello que, de poco o mucho valor, perteneciera a los seres sin derechos, de acuerdo con la categoría a que habían reducido a sus víctimas. Los torturadores necesitaban del auxilio de expertos, que pudieran aportar preguntas y decodificar respuestas, mientras la picana cumplía su tarea. El Banco Central, presidido por Alfredo Diz, y la Comisión Nacional de Valores (CNV), comandada por Juan Alfredo Etchebarne, proveían especialistas para el interrogatorio de empresarios. Diz –que presidió el Banco Central en su hora más siniestra– hoy es profesor titular de Finanzas Internacionales de la Ucema.
Una vez que se logró la liquidación del BLA, Alejandro Reynal renunció a la vicepresidencia del Banco Central y fundó su propio banco, el Merchant Bankers Asociados (MBA), actualmente en actividad. Desde el MBA, Reynal asesoró a distintas entidades para que vendieran su capital a bancos extranjeros.
Además de los negocios, Reynal también se dedicó al arte y en 2007 fue nombrado director de ArteBa por Mauricio Macri pero, al poco tiempo, tuvo que renunciar, debido a las múltiples denuncias formuladas por la comunidad artística relacionadas con su vínculo con la dictadura.
A comienzos de este mes, Saiegh consiguió el apartamiento del fiscal Carlos Rívolo y su remplazo por Eduardo Taiano, que reclamó la reapertura de la causa contra Reynal por delitos de lesa humanidad. Taiano consideró que debe declararse nula la resolución que lo sobreseyó por prescripción.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación es coquerellante en la causa y adhirió a todos los planteos legales formulados por Saiegh, entre ellos, el pedido de prisión preventiva tanto de Reynal como de Martínez de Hoz.
“Después del terror padecido y la lucha judicial que vengo sosteniendo desde hace 30 años, es una gran alegría que el Ministerio Público Fiscal decida finalmente reconocer mi caso como imprescriptible por ser de lesa humanidad, por haber sido planificado y llevado adelante por el gobierno dictatorial, desde el Bcra, como un plan sistemático”, sostuvo Saiegh. Y agregó: “Estoy seguro de que el único camino para la Justicia será la prisión de Reynal, Martínez de Hoz y todos los responsables civiles de semejantes atrocidades”.
Ademas del caso Saiegh, en la actualidad, se investigan 604 liquidaciones de compañías –siderúrgicas, textiles, bancos, entre otras– en las que se aplicó una misma metodología: sus dueños fueron obligados a vender o transferir acciones, e incluso llevarlas a la quiebra por presión, bajo tortura.
Miradas al Sur
20-05-2012